Gabinete de Piñera: ¿Más vale interés conocido que por conocer?

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“En el nuevo gabinete hay una exposición abierta que predispone a la opinión pública – y los entes fiscalizadores – a un escrutinio mucho mayor” (por Carlos Salas Lind, publicado por La Tercera.cl el 16.02.10.

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Pocos han quedado indiferentes con la conformación del equipo de ministros que acompañará a Sebastián Piñera a partir del 11 de marzo. El abierto conflicto de intereses que supone el nombramiento de personas ligadas al mundo de los negocios (un orden, percibido por muchos, como contrapuesto al interés y beneficio social), seguirá siendo objeto de intenso debate.

Pero es necesario tener en cuenta que a pesar de los sofisticados sistemas de control – adoptados por las democracias más avanzadas del mundo – esta incorrección sigue representando una de las trabas más serias para la credibilidad de quienes ejercen la función pública. Por cierto, los casos de gabinetes que ni siquiera han alcanzando a funcionar (o han sido sacudidos por grandes escándalos), debido al descubrimiento de intereses no declarados, son numerosos y emblemáticos.

El gobierno de Obama, por ejemplo, recibió un balde de agua muy fría, cuando el recién designado Ministro de Salud Pública, Tom Daschle, se vio obligado a renunciar. Entre otros serios cuestionamientos, su relación comercial con firmas farmacéuticas, (trabajo que le reportó grandes ingresos), había sido catalogada como actividad de lobby. Aún así, Daschle seguía contando con el apoyo del mandatario electo y con buenas posibilidades de ser confirmado por la Cámara Alta. Pero estas revelaciones amenazaban con afectar la credibilidad de Obama, quien había prometido que ningún lobbista (por servir a los grandes intereses económicos), sería bienvenido en su gobierno.

En el Reino Unido, el Ministro del Trabajo de Tony Blair el año 2005, debió renunciar al revelarse que había violado el código de conflicto de intereses que rige para los miembros del gabinete. Lo curioso es que era la segunda vez que David Blunkett asumía un cargo ministerial, después de haber sido destituido como Ministro del Interior por facilitar una visa de residencia a una empleada extranjera de su ex-novia.

Asimismo, en los países escandinavos (con una legislación muy estricta en temas de probidad administrativa y potenciales conflictos de intereses), revelaciones posteriores han hecho caer a ministros que apenas comenzaban a ejercer sus funciones.

Otros casos de grandes conflictos de intereses ocultos (y que socavan gravemente la institucionalidad de un país), afloran en periodos de elecciones.

La relación entre candidatos de diversas tendencias y sectores interesados en financiar sus campañas, es una práctica que no les quita el sueño a sus protagonistas. Ese conflicto de interés es enormemente dañino para el interés social, pero es muy difícil de probar porque ambas partes asumen el peso de la ilegalidad incurrida.

Por lo expuesto anteriormente, el caso chileno no deja de ser curioso porque los conflictos de intereses- que afectarían a quienes provienen de altos cargos en áreas del sector privado- están a la vista.

En el nuevo gabinete hay una exposición abierta que predispone a la opinión pública – y los entes fiscalizadores – a un escrutinio mucho mayor. En estos casos, lo que podría aparecer como un impedimento para separar los beneficios personales de los colectivos, puede resultar siendo ‘una garantía’, a la hora de resguardar el interés general.

¡Qué absurdo! – estará pensando más de un lector, y probablemente así sea percibido. Pero también es absurdo (por decir lo menos), el grado de cinismo que se oculta en algunos (ojalá no demasiados), que aprovechan ‘la coyuntura política’ para recordarnos las virtudes de la rectitud en la gestión pública.

Entre tanta excepción a la regla, puede ser más racional creer que quienes asumen un ministerio, sabiendo que la oposición será particularmente rigurosa con ellos, no lo harán con el fin de promover sus propios beneficios económicos (por lo menos, no como consecuencia directa de su gestión ministerial).

En realidad, apostar a lo otro, a que quienes asumen el 11 de marzo lo hacen con la misión de maximizar sus ganancias personales, me suena a torpeza mayor, a demasiada impericia de una administración que tiene un gran interés en prolongar el atareado triunfo logrado el 17 de enero.

Política de Chile

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